Es el accionar que se repite desde hace años, cada vez que las autoridades emprenden acciones en contra de las bandas delincuenciales o el crimen organizado que operan en esa zona del centro del Valle del Cauca, que intimidan, extorsionan, amenazan a la prensa, se apoderan del comercio y siembran el terror entre la población.
El detonante de lo ocurrido este miércoles, cuando fueron incinerados tres vehículos de servicio público y se lanzaron tatucos contra locales comerciales, sería la orden de extradición a Estados Unidos contra el líder de la banda La Inmaculada, Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’. En represalia por esta decisión, allegados a la también conocida como La Oficina, hicieron circular un panfleto en el que amenazaban al Inpec y a la ciudad.
Para comprender lo que sucede en este municipio hay que recordar el prontuario de La Inmaculada. Desde hace lustros el grupo de delincuencia organizada se apoderó de la distribución y comercialización de productos de la canasta básica familiar como la cebolla, el pollo o los huevos, declarándole la guerra a campesinos y comerciantes, extorsionando y asesinando a quienes no se pliegan a sus demandas.
También se le señala como responsable de los homicidios de los concejales Eliecid Ávila y Carlos Arturo Londoño. Contra el primero atentaron un día antes de su posesión en el cabildo para el actual periodo, y al segundo lo mataron cuando salía de la rendición de cuentas de los primeros 100 días de la vigente Administración local. Hoy, además, el alcalde Gustavo Vélez, a quien La Inmaculada lo declaró como objetivo desde que era candidato, es el mandatario más amenazado de Colombia.
Con esa misma banda que tiene a la mayoría de sus jefes en las cárceles, desde donde han seguido delinquiendo, es con quien el Gobierno de Gustavo Petro ha pretendido sentarse a dialogar en el marco de su política de paz total. Los hechos recientes corroboran que no existe la mínima voluntad de llegar a acuerdos y que aún sin comenzar ya se trata de un proceso fracasado.
Sin duda se debe reconocer que las autoridades del Departamento y de la ciudad, desde la Gobernadora del Valle, la Policía y las Fuerzas Militares, junto a las autoridades municipales, vienen realizando desde el año anterior un trabajo minucioso para devolverles la tranquilidad a los tulueños y acabar con La Inmaculada o con cualquier otro grupo criminal que opere en el centro del Valle.
Hechos como los ocurridos ayer demuestran que ese objetivo está lejos de alcanzarse y que, si se les deja solos, el departamento y el municipio no podrán lograrlo.