Petro firma decreto que elimina la prima de servicios de los congresistas. La decisión, marca un cambio significativo en el régimen salarial del Congreso y responde a criterios de equidad y austeridad en el gasto público.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0030 de 2026, mediante el cual se elimina la prima de servicios que recibían los congresistas, un beneficio que ascendía a cerca de 16 millones de pesos. La decisión, firmada por el presidente Gustavo Petro, marca un cambio significativo en el régimen salarial del Congreso y responde a criterios de equidad y austeridad en el gasto público.
Según conoció en primicia RTVC, el Departamento Administrativo de la Función Pública concluyó que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”. El decreto establece que este beneficio no tiene justificación en un contexto de amplias brechas sociales y salariales.
La nueva norma deroga el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, expedido durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, cuando Mauricio Cárdenas —hoy precandidato presidencial— se desempeñaba como ministro de Hacienda. Ese decreto fue el que dio origen a la prima de servicios para los miembros del Congreso.
Desde el Ejecutivo se ha señalado que la medida hace parte de una política orientada a reducir privilegios en los altos cargos del Estado y a acercar las condiciones salariales de los funcionarios públicos a la realidad económica que enfrenta la mayoría de los colombianos.
La eliminación de esta prima ha generado reacciones encontradas en el ámbito político. Mientras sectores ciudadanos y del Gobierno celebran la decisión como un paso hacia la justicia salarial y la coherencia fiscal, algunos congresistas han expresado inconformidad y anticipan posibles debates jurídicos alrededor del decreto.
Con esta decisión, el presidente Petro refuerza su discurso contra los privilegios de la clase política y reabre la discusión sobre el nivel de ingresos y beneficios de los altos funcionarios del Estado en comparación con el salario promedio de la población.