En una decisión histórica para la justicia ambiental en Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional (CAR) le puso un freno drástico a la explotación indiscriminada de agua que la multinacional Coca-Cola FEMSA venía realizando en el municipio de La Calera. A través de la Resolución 347 de 2026, la autoridad ambiental negó la prórroga para el uso de tres de los siete manantiales que la embotelladora operaba en la vereda Santa Helena. Para los sectores que defienden el territorio, esta medida representa una victoria frente a una empresa que, durante años, ha lucrado con el agua subterránea mientras las comunidades locales enfrentan riesgos de desabastecimiento.
La CAR no solo clausuró los pozos 5, 6 y 7, sino que aplicó un fuerte recorte en los cuatro restantes, reduciendo el caudal autorizado en un 42%. Además, la vigencia del permiso se redujo a la mitad, pasando de 10 a solo 5 años, con el fin de vigilar de cerca la disponibilidad real del recurso en tiempos de crisis climática. El director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, fue enfático en que la prioridad debe ser el ecosistema y el consumo humano, estableciendo que ante cualquier sequía o contaminación, la empresa deberá suspender la captación de inmediato.
Como parte de las sanciones sociales y ambientales, la embotelladora deberá cumplir con exigencias estrictas que antes no se le imponían: la instalación de sistemas de monitoreo en tiempo real conectados directamente a la CAR y la adquisición de 53,4 hectáreas de páramo para su restauración. Lo más significativo es que Coca-Cola ahora está obligada a construir obras hidráulicas para que el agua de los manantiales que ya no puede explotar sea redirigida al acueducto municipal, garantizando que el líquido vital regrese a manos de la comunidad de La Calera y deje de ser simplemente una mercancía embotellada.