La Procuraduría General de la Nación ordenó el reintegro de 11 dragoneantes del INPEC que habían sido suspendidos tras el escándalo por una parranda vallenata dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
El ente de control concluyó que la suspensión se realizó vulnerando el debido proceso, al imponer una sanción colectiva sin individualizar la responsabilidad de cada funcionario ni establecer con claridad su participación en los hechos ocurridos el pasado 9 de abril.
El caso generó controversia luego de que se conociera que 23 internos permitieron el ingreso del cantante Nelson Velásquez para realizar una fiesta al interior del penal, situación que desató cuestionamientos sobre los controles de seguridad en el centro carcelario.Según la Procuraduría, el INPEC no justificó de manera específica qué conducta cometió cada uno de los dragoneantes, lo que llevó a considerar la medida disciplinaria como irregular. Por esta razón, ordenó su reintegro mientras se adelantan los procedimientos conforme a la ley.
El episodio también provocó reacciones desde el Gobierno. El ministro de Justicia señaló que no se ha ejecutado el traslado de los internos implicados, pese a que había sido anunciado, debido a que podría afectar procesos en curso relacionados con una política de “paz socio-jurídica”.
El caso deja en evidencia fallas tanto en los controles internos del sistema penitenciario como en la aplicación de sanciones disciplinarias, en medio de un escándalo que puso en entredicho la seguridad en una de las cárceles de máxima seguridad del país.