Préstamos informales ofrecidos a comerciantes, conductores de servicio público y otras personas con necesidades económicas pusieron al descubierto el presunto actuar delictivo de ‘Los Cobra’, una red delincuencial involucrada en los denominados préstamos ‘gota a gota’ o ‘paga diario’ en Tunja, Samacá y Duitama (Boyacá).
La Fiscalía General de la Nación asoció las denuncias de ocho víctimas que, desde 2022, recibieron desembolsos de uno a tres millones de pesos, con intereses superiores a los límites legales. Cuando se retrasaban en los pagos de las cuotas fijadas eran amenazadas, recibían malos tratos o sufrían daños en sus bienes.
La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Boyacá, permitió identificar a los presuntos integrantes del grupo ilegal. Se trata de John Maicol Beltrán Bernal, Luis Miguel Garcés Guerra, Yefer Hernán Bernal Reyes, Juan Diego Ospina Bernal, Rómulo Antonio Garcés Parra y Víctor Hugo Pedraza Báez.
Estas personas cumplirían distintos roles. Al parecer, se distribuían horarios y zonas para ofrecer créditos, realizar cobros y acordar refinanciaciones. Estas actividades les habrían generado incrementos patrimoniales injustificados por más de 240 millones de pesos, reflejados en movimientos bancarios y en la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Los seis hombres fueron capturados durante diligencias realizadas de manera articulada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. En los procedimientos les fueron incautados tarjetas de cobro, cuadernos con registros contables y rutas de recaudo, tarjetas SIM, dinero en efectivo, celulares, motocicletas y vehículos.
La Fiscalía les imputó, según su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y usura. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
Los vehículos y motocicletas que se encontraban en diferentes zonas del país, fueron dejados a disposición de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio para que se determine si tienen relación con las conductas investigadas.
