Lo que empezó como una solicitud del presidente Gustavo Petro, de evaluar la modificación del proyecto de elevado a subterráneo, ahora parece una imposición. El ministro de Transporte dijo que, de no aprobarse, estarían en riesgo la financiación otros proyectos de Bogotá. Concejales lo califican de chantaje.
Se acabó la diplomacia alrededor de la concertación para evaluar la modificación de la primera línea del metro de Bogotá y, lo que comenzó como una solicitud, ahora suena a imposición. “Mostrando la chequera”, el Gobierno del presidente Gustavo Petro dejó claro que si no se modifica el proyecto elevado y se realiza un tramo subterráneo, no habrá recursos para otros proyectos en Bogotá, cofinanciados por el gobierno nacional.
En esos insistió el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, antes de entrar al consejo de ministros convocado este jueves por el presidente, al señalar que “si no se aceptan, como se ha venido diciendo, las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, en la medida que el gobierno financia el 70% de otros proyectos, pues esos también se van a tener que parar”.
El pronunciamiento va en sintonía con la afirmación del propio presidente Petro, el miércoles durante una reunión con periodistas, en la que reiteró que daría la lucha para que el metro no fuera elevado, proyecto que calificó como un “esperpento y una chambonada”. En el mismo encuentro puntualizó que, de permitirlo y hacerse cómplice de esa obra, » tres generaciones nos van a maldecir, por haber hecho ese metro elevado”.
Aunque el ministro de Transporte no especificó los proyectos que se verían damnificados, es un golpe directo contra otras iniciativas de la alcaldesa Claudia López que, seguramente, luego mostraría como ejemplo de gestión, durante una eventual aspiración presidencial. Se trata del Regiotram del Norte, el sistema de cables aéreos (cuya idea original es del propio Petro), y de paso la segunda línea del metro (ese sí subterráneo a Suba y Engativá).
López ya había dado un indicio de que la presión llegaría por ese lado. El miércoles de la semana pasada, luego de la reunión en el Palacio de Nariño, dejó claro que, independiente de la decisión que se tomara con el metro, esperaba que este año Petro asegurara la cofinanciación del Regiotram del Norte y de tres cables adicionales y dos cables del centro.
“Estuvimos en la audiencia pública de priorización de proyectos estratégicos para el Plan Nacional de Desarrollo. Allí, Bogotá y Cundinamarca, le reiteramos al presidente que, en cualquier caso, la prioridad de inversión nueva y adicional que solicitamos es que incluya el Regiotram y los cables. Le he insistido en que no es el interés de Bogotá y Cundinamarca que reemplace una inversión con otra. Si llegamos a un acuerdo es sobre las tres cosas: metro, Regiotram y cables”. Las palabras del ministro Reyes muestran que, en efecto, o son los tres proyectos o no hay plata para nada.
La situación se veía venir. Vale recordar que, desde la campaña presidencial, Petro anunció que de ser electo modificaría el proyecto. Una vez se posesionó, lo primero que hizo fue pedir los documentos del contrato de concesión para la primera línea del metro, y en noviembre pasado hizo la solicitud expresa al consorcio constructor de evaluar la posibilidad de que el tramo de proyecto, que cruza por la avenida Caracas, fuera subterráneo.
Desde entonces, varios expertos señalaron los riesgos legales de pretender cambiar un contrato adjudicado y en curso. No obstante, hace una semana, tras una nueva reunión con el consorcio y la alcaldesa de Bogotá, y luego de pagarle $120 millones a una firma privada de abogados, el primer mandatario dijo tener el camino legal para hacer la modificación: apelar al interés general, para realizar una modificación unilateral, en caso de no llegar a un acuerdo con los constructores.
Aunque en la reunión acordaron instalar mesas para analizar los conceptos jurídicos contrapuestos alrededor de la modificación y los aspectos financieros, para que la adición presupuestal se ajuste a la ley, todo parece indicar era mera diplomacia. Ahora está clara su posición: la modificación se hace o no hay recursos para otros proyectos de la capital, afirmación que no caen bien en Bogotá, ya que imprimen presión, para direccionar el resultado de las mesas de evaluación.
Para el Distrito parecía clara la salida: seguir con el metro elevado y concentrarse en otros proyectos. En la última semana, el gerente del Metro, Leonidas Narváez, en entrevista con El Espectador, había manifestado que, como empresa y firmante del contrato, participaría en las mesas con un llamado a la sensatez, para no interrumpir un proyecto perfeccionado y financiado.
Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, este miércoles, lanzó una frase, que, al parecer, fue la que desató las declaraciones del Gobierno Nacional: “Que el cambio nunca signifique parar, obstruir y mucho menos destruir. Que el cambio siempre signifique valor público y privado… mejoras”, sostuvo la mandataria.
Queda claro que el Gobierno Nacional se niega a recibir un no como respuesta. A pesar de que considera sólidos los argumentos jurídicos, que respaldan su iniciativa de modificar el contrato, ahora le suma presión a la discusión.
Aunque la alcaldesa de Bogotá ha sido dura en sus reacciones, contra algunas políticas del gobierno Petro, en esta oportunidad no se ha pronunciado. Particularmente, frente al tema del metro, ha regulado su discurso, tal vez, porque sabe que la decisión que se tome, no solo tendrá un efecto para la ciudad, sino para su carrera política.