El fallo del Consejo de Estado se dio luego de 10 años de la conflagración de la buseta en la que se transportaban las víctimas, tras regresar a sus casas luego de un domingo evangelizador.
El Consejo de Estado resolvió el pasado 6 de diciembre declarar civil, administrativa y patrimonialmente responsables a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación por los perjuicios causados con ocasión de la conflagración de la buseta de placas UV8-556, el 18 de mayo de 2014, que cobró la vida de 33 niños y un adulto.
La alta corte revisó los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia contra la sentencia del 12 de mayo de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por las víctimas.
En criterio de los actores, le asiste responsabilidad patrimonial al extremo pasivo, por cuanto se incurrió en un “cúmulo de omisiones”, consistentes, básicamente, en no ejercer algún tipo de control de la buseta dispuesta para transportar a más de 60 niños que cumplían una actividad religiosa en el municipio de Fundación, y en relación con su conductor, lo que conllevó a que el 18 de mayo de 2014 se “incendiara el vehículo” y fallecieran la mayoría de sus ocupantes y los restantes sufrieran graves lesiones.
El Consejo de Estado condenó por ello a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación a pagar a favor de los integrantes del grupo las indemnizaciones colectivas e individuales correspondientes.
La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia asumirá el 80% de la condena total, esto es, el equivalente a 14.320 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
El municipio de Fundación asumirá el 10% de la condena total, esto es, el equivalente a 1.790 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
Y el Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación asumirá el 10% de la condena total, esto es, el equivalente a 1.790 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
Fuente/El heraldo Barranquilla