El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 durante un acto político en el occidente de Bogotá, no solo ha conmocionado al país, sino que también abrió un debate sobre las garantías de seguridad a funcionarios públicos y los beneficios que recibirían sus familias en estos casos.
Según el abogado Andrés Barrera, la viuda y los hijos del congresista tendrían derecho a una pensión de sobrevivientes equivalente al 75 % de su salario mensual —aproximadamente $38,6 millones— de forma vitalicia para la esposa y hasta los 25 años para los hijos que estudien. Este beneficio está contemplado en el régimen especial de congresistas (Ley 4 de 1992 y Decreto 1359 de 1993).
El jurista explicó que, por tratarse de un homicidio ocurrido en ejercicio de sus funciones, el hecho se considera un accidente laboral. Esto permitiría que la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) otorgue una pensión similar, aunque la familia solo podría elegir uno de los dos regímenes, optando por el que les resulte más favorable.
El salario mensual de un senador, con el aumento del 7 % en 2025, es de $51,51 millones, distribuidos entre asignación básica ($12,46 millones), gastos de representación ($22,14 millones) y prima especial ($16,91 millones).
Además, existe la posibilidad de que el Estado deba indemnizar a la familia si se demuestra que hubo fallas en el deber de protección. El penalista Francisco Bernate recordó que la Unidad Nacional de Protección ignoró al menos 26 solicitudes formales de seguridad (otras fuentes hablan de 53) realizadas por Uribe Turbay antes de su asesinato. Para el experto, esta omisión es una “grave falta” que podría llevar al Consejo de Estado a condenar al país a pagar una millonaria compensación.
Mientras la investigación avanza, el caso de Miguel Uribe Turbay podría sentar un nuevo precedente sobre la responsabilidad estatal en la protección de líderes políticos amenazados.
