Al menos 20 conductores de transporte público en Soacha, Cundinamarca, habrían sido víctimas de amenazas y exigencias económicas para poder trabajar. Por estos hechos, una mujer fue enviada a prisión y dos adolescentes deberán permanecer en internamiento preventivo.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, las víctimas recibían amenazas contra su vida y les exigían pagos semanales de entre $22.000 y $50.000 por vehículo.
La investigación señala que los hechos ocurrieron durante los últimos dos meses en el paradero de una ruta que presta servicio a diferentes barrios del municipio. Los presuntos responsables habrían obtenido los números telefónicos de otros conductores para contactarlos y exigirles el dinero.
La mujer y los dos adolescentes, ambos de 16 años, fueron capturados y aprehendidos por la Policía Nacional cuando presuntamente recibían $300.000. De acuerdo con la Fiscalía, uno de los menores sería el encargado de vigilar a los transportadores y controlar la entrega de las cuotas.
Un fiscal les imputó el delito de extorsión agravada. Los procesados no aceptaron los cargos.