Esta medida ha generado una gran polémica por el cobro que comenzará a hacer la Alcaldía de Bogotá a los vendedores informales por el uso del espacio público.
El Instituto para la Economía Social (Ipes) aclaró las inquietudes que se han generado.
El Instituto para la Economía Social (Ipes) afirmó que el objetivo del Protocolo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, que se deriva del Decreto 315 de 2024, regula y organiza la actividad de las ventas informales en Bogotá.
La entidad aclaró que dicho decreto y la Ley 1988 de 2019 reconocen la actividad de venta informal como una forma de trabajo legítima y en este contexto, el decreto 315 define al Ipes como entidad administradora y gestora de esta actividad y ordena expedir el protocolo correspondiente para organizarla.
No vemos con buenos ojos que se utilicen a los vendedores informales para campañas políticas, ni para buscar intereses particulares en el espacio público.
Trabajamos en garantizar acciones que propendan por la organización de los vendedores en dicho espacio”, afirmó el director del Ipes, Wilfredo Grajales Rosa.
El Ipes señaló que el Protocolo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, tiene como fin, organizar y regular el aprovechamiento económico del espacio público, logrando un equilibrio entre los derechos de los vendedores informales y el goce efectivo del espacio, asegurando una utilización responsable del mismo.
La entidad aseguró que el decreto y los protocolos derivados de él, no contemplan el retiro de los vendedores informales del espacio público; por el contrario, el objetivo es generar un orden que beneficie tanto a los vendedores como a los ciudadanos.
«No existe ninguna directriz de la administración distrital, ni del director del Instituto, para desalojar a los vendedores informales», puntualizó el Ipes.
Añadió que el protocolo promueve una retribución económica por el aprovechamiento del espacio público, siguiendo un enfoque diferencial que tenga en cuenta las realidades socioeconómicas de los vendedores informales.
Esta retribución dependerá si el vendedor utiliza mobiliario propio o si hace uso de las alternativas ofrecidas por el Ipes. También se contempla reducciones o incluso exenciones en la tarifa para personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
Con relación al tema de los permisos para el aprovechamiento del espacio público, el Ipes aseveró que estos se otorgarán por un período de 1 a 2 años, dependiendo de si el vendedor informal utiliza mobiliario propio o mobiliario de la entidad. Estos permisos podrán ser renovados hasta por un plazo máximo de cinco años, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el protocolo.
Sobre este tema de los permisos, algunos vendedores afirman que si ahora les toca solicitar permisos por uno o dos años, perderán el principio de confianza legítima, es decir, los años que llevan los vendedores en un solo sitio, su antigüedad.
Finalmente, el Ipes argumentó que sustenta su gestión en la Constitución Política, buscando un equilibrio entre el derecho al trabajo de los vendedores informales y la conservación del espacio público. Su acción se orienta por los artículos 25, 26 y 82 de la Carta Política, que garantizan el trabajo como un derecho y deber social, la libertad de elegir una profesión u oficio y la prioridad del interés colectivo en el uso del espacio público.
Fuente/El TIEMPO